COMITÉ DIRECTIVO DE LA CAMPAÑA MUNDIAL PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y LOS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

Intervención del Embajador Gustavo Albin

Ginebra, 3 de diciembre de 2002




Agradezco al Comité Directivo de la Campaña Mundial para la Entrada en Vigor de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y los Miembros de sus Familias la iniciativa de convocar a esta sesión para examinar la utilidad de este importante instrumento internacional.

Quisiera comenzar por subrayar que ni las migraciones humanas, cualesquiera que sean los factores que las motiven, ni la existencia de trabajadores migratorios son fenómenos nuevos. Desde que existe el sistema económico de trabajador asalariado, hombres y mujeres se han trasladado a países distintos de los suyos en busca de mejor vida.

Los esfuerzos de los Estados por proteger a nivel internacional los derechos de los trabajadores tampoco es cosa nueva. Los fundamentos en los que se ha basado el trabajo de la OIT desde su creación responden a la necesidad de proteger al ser humano de todo tipo de explotación y de discriminación en el trabajo. La OIT establece como uno de sus objetivos principales la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio. Como sabemos, esa Organización Internacional ha adoptado en total más de 180 convenios y cerca de 200 recomendaciones. Algunos de esos documentos se refieren específicamente a los trabajadores migratorios en el mundo.

Lamentablemente la aceptación de esos acuerdos no es universal, en tanto que la explotación laboral de los trabajadores migratorios es un fenómeno social que persiste en todo el mundo, a pesar del avance que en materia de derechos humanos ha registrado la humanidad en los últimos 50 años.

Lo que sí es nuevo, es el impresionante ritmo en el aumento de las migraciones humanas. Las estimaciones más recientes sitúan el número actual de migrantes en más de 175 millones, es decir el 3% de la población mundial. Se trata, además, de un fenómeno que crece rápidamente por la intensificación del proceso de globalización económica, la pobreza creciente que se registra en numerosos países, la persistencia de la guerra, los desastres naturales, los conflictos étnicos y la violencia extrema, entre otros factores.

Lo que también es relativamente reciente son las políticas restrictivas que en materia de migración han adoptado y están adoptando, importantes países de recepción de migrantes, propiciando con ello la intensificación de los flujos de los llamados migrantes irregulares, quienes de cualquier forma siguen llegando a esos países por la persistencia de un mercado laboral que los demanda.

Las políticas migratorias restrictivas no han impedido la migración no documentada, pero sí han propiciado el incremento de la xenofobia y la estigmatización de ciertas nacionalidades como pertenecientes a seres humanos peligrosos e indeseables. El resultado ha sido el incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores migratorios y de las violaciones a sus derechos humanos.

Las migraciones no cesarán. Por el contrario, es un hecho qué irán en aumento, puesto que la misma globalización de la economía seguirá requiriendo de la mano de obra de los migrantes.

Por ello, la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para encauzar los movimientos masivos de seres humanos y establecer sistemas migratorios que reditúen beneficios económicos, sociales y culturales a los países de origen, de tránsito y de destino, con pleno respeto de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de los miembros de sus familias.

La Convención Internacional sobre Trabajadores Migratorios es un instrumento integral que ofrece un valioso marco institucional para llegar a ese objetivo.

La Convención tiene entre sus propósitos centrales garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y de los miembros de sus familias, independientemente de su situación migratoria, tal como se enumeran en la Parte III de la Convención.

Pero la Convención también tiene como objetivo adoptar medidas de cooperación para eliminar la migración ilegal o clandestina en los países de origen, tránsito y destino, así como fomentar programas encauzados y ordenados de trabajadores migratorios. Por ello reconoce en sus Partes IV y V derechos adicionales a los trabajadores migratorios documentados o que se encuentran en situación regular.

En la Parte VI se establecen criterios de cooperación entre los Estados para promover condiciones lícitas, satisfactorias, equitativas y dignas en relación con la migración internacional ordenada de los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Es importante destacar que la Convención no establece ningún derecho humano nuevo. Agrupa y reitera los derechos humanos aplicables a los trabajadores migratorios, que ya han sido reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales en la materia.

Otro elemento importante es que la Convención define la noción de trabajador migratorio y de miembro de su familia (Parte I) y que su ámbito de aplicación abarca todo el proceso de la migración. Es decir, comprende la preparación de los trabajadores y de sus familias para la migración, su partida del país de origen, el tránsito, todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo y el regreso al Estado de origen o al de residencia habitual.

La Convención contiene disposiciones específicas sobre el compromiso de los Estados, incluso de los de tránsito, de cooperar para impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios en situación irregular, así como para el retorno a sus países de origen de los trabajadores migratorios y sus familiares en situación irregular. Dichas disposiciones comprenden la obligación de los Estados de imponer sanciones efectivas a quienes organizan o dirigen movimientos clandestinos de personas.

La Convención es, pues, un tratado integral que a la vez que protege derechos humanos fundamentales de los trabajadores migratorios, sin discriminación de ningún tipo, ofrece un mecanismo de cooperación internacional con miras a impedir y eliminar los movimientos y el empleo clandestinos de trabajadores indocumentados y para promover la migración documentada y autorizada.

Para que la Convención funcione de manera eficaz es indispensable que se adhieran a ella países de origen, tránsito y destino de migrantes. Para su entrada en vigor se requiere que 20 Estados la ratifiquen. Actualmente 19 países son ya Partes de este importante instrumento y existen grandes posibilidades de que su entrada en vigor se produzca en fecha cercana.

Confiamos en que el inicio de la aplicación internacional de la Convención ayude a una mejor comprensión del alcance de sus disposiciones y que más países se adhieran a ella.

El gobierno de México agradece el activismo de las organizaciones no gubernamentales en la difusión de la Convención y seguirá apoyando las labores del Comité Directivo de la Campaña Mundial para la entrada en vigor de esta Convención.